Las empresas familiares de los políticos No Temen a la Crisis

Como no puede ser de otra forma, en este "país de la pandereta", de los "chiquilicuatres", ¡¡perrea!!, ¡¡perrea!!, del sol y de los toros; donde ciertos políticos se forran y ni van a la cárcel, ni dimiten. Donde a los "chorizos" se les paga por salir en la TV; es también en este país, donde las empresas familiares de los políticos, como es "natural": ¡¡No Temen a la Crisis!!.
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Y si no, que se lo pregunten a nuestra vicepresidenta del gobierno, Dña. María Teresa Fernández de la Vega, la ministra que más acostumbrados nos tiene a la exhibición de su vestuario exclusivo en sus intervenciones públicas.
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La familia de la vicepresidenta De la Vega, posee según el diario "El Economista" un holiding empresarial integrado por casi una decena de compañías, dirigidas por Jesús Fernández De la Vega, su hermano que renunció a su cargo como presidente de la Fundación Repsol hace dos meses, tras haber ocupado el puesto de director de Recursos Humanos en Repsol y ostentar el puesto de miembro del Consejo Económico y Social, así como el puesto de consejero de Petronor.
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En dicho holding destacan entre todas las demás, las empresas Hidroeléctirca Vega y Saltos del Tiétar.
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La empresa Hidroeléctrica Vega, dedicada a la distribución eléctrica, obtuvo un beneficio durante el año 2007 que superó el millón de euros, con un aumento del 30 % respecto al ejercicio anterior. Se trata de una empresa que posee participaciones en centrales hidroeléctricas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Es beneficiaria de pagos del Ministerio de Industria por importe de 2,70 millones de euros en los últimos ejercicios, a los que han de sumarse los 1,48 millones previstos durante el ejercicio 2008, además de las subvenciones también recibidas en los últimos años por un montante de 453.000 € relativos al Plan de Infraestructura Eléctrica Rural (PIER), aprobado por la Junta de Castilla y León. A tales importes han de sumarse los 307.000 € aprobados por la Junta para los proyectos de electrificación rural.
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De los datos que constan en el registro mercantil, la vicepresidenta ha venido participando en la empresa Hidroeléctrica Vega hasta el año 2000 y según informaciones del diario "El Economista", ello no ha sido ni confirmado ni desmentido por dicha empresa. Se da la circunstancia de que su dedicación a la política con cargo al erario público, venía siendo realizada cabo como viceministra de Justicia con Juan Alberto Belloch en el gobierno presidido por Felipe González.
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Video "Motivos para no creer"
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La otra empresa indicada, es Saltos de Gredos. Esta empresa en el ejercicio de su actividad es también propietaria de cuatro centrales eléctricas en la provincia de Ávila y explotaciones en Ávila, Segovia, Toledo y Lérida. Ha venido creciendo de forma notable en los últimos años, multiplicando por cuatro su facturación.
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En los últimos años, la familia de la vicepresidenta De la Vega también ha empezado a realizar inversiones en el negocio de las energías limpias (un negocio no tal limpio), sector en el que pretende abrirse un hueco en el mercado.
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Desde el punto de vista jurídico, nadie pone en tela de juicio la legalidad de la actividad empresarial de los familiares de nuestros políticos, pues resulta perfectamente lícita en el marco de economía de mercado en el que nos desenvolvemos. Ahora bien, también resulta "inevitable" la desconfianza y "mal rollo" que ello produce en los ciudadanos situaciones como las que en este artículo abordamos.
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Si en este país los políticos hiciesen una "declaración pública" de sus bienes al momento de su presentación en las candidaturas a las elecciones y también con posterioridad al abandono de sus cargos, con total probabilidad se evitaría la desconfianza generalizada existente y el comentario "a pie de calle" de que "todos salen del poder con las alforjas llenas". La "creencia popular" de que todos salen beneficiados después de gestionar los asuntos públicos, es algo real y de todo punto normal. Muchos ciudadanos piensan que bien de forma personal o bien de forma encubierta a través del beneficio a terceros con su gestión, la mayor parte de los políticos salen beneficiados entre otros aspectos por la propia información "sensible" y "privilegiada" que manejan desde los puestos de la Administración.
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La transparencia de nuestros políticos al acceder a los cargos y también al abandonarlos "brilla por su ausencia". Por ello, ninguno de ellos debe de llamarse a engaño si informaciones como la abordada en este artículo sirven para aumentar el "recelo" y la "desconfianza" de la ciudadanía.
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¿Qué partido político ha llevado a cabo la exigencia de declaración de bienes y conflictos de intereses de sus candidatos y cargos políticos?
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¿Qué partido político ha exigido a sus representantes en la Administración, una declaración de "conflicto de intereses"?. Ninguno, absolutamente ninguno.
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Y que no nos vengan con aquello de que quienes manifiestan dudas debe de "demostrar", o con aquello de la "presunción de inocencia". Porque son nuestros representantes electos y que ocupan cargos públicos, los que tienen que presentar de forma permanente los "avales" que garanticen que su paso por la Administración no les ha reportado un beneficio superior al "ahorro" dimanante de sus sueldos, ya de por sí elevados.
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En el año 2008 el recibo de la luz subió el 8,90 %
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En este "país de pandereta", lo único que no se les puede quitar a los ciudadanos es la posibilidad de ese ejercicio popular de decir "las cosas claras" y de disfrutar del "chocolate espeso", máxime si tenemos en cuenta que en el pasado año 2008, los ciudadanos tuvimos que afrontar subidas en el recibo de la luz que llegaron al 8,90 %. Y en este año 2009, el Ministerio de Industria afirma que estarán en un principio en torno a un incremento medio del 4 %.
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Con una subida de la luz del 40 % desde el año 2004 y las diversas revisiones del gobierno por encima del IPC, es normal que mientras los hogares españoles en época de Crisis ven notablemente resentida su economía, las empresas familiares de nuestra presidenta De la Vega multipliquen sus beneficios, además de sumarlas a las subvenciones públicas recibidas y a la ¿excelente explotación empresarial? de su futura e "inteligente" inversión en el negocio de las energías limpias.
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